Cuando hay miedo a la Justicia abierta y democrática: La nostalgia de los privilegios judiciales.

La discusión sobre la Reforma Judicial ha dejado al descubierto algo más profundo que un debate técnico o constitucional: la resistencia de sectores acostumbrados a un modelo cerrado de impartición de justicia. Bajo discursos que aparentan preocupación institucional y defensa de la legalidad, persiste una narrativa que observa con sospecha cualquier transformación que introduzca participación democrática en la integración del Poder Judicial.

Durante décadas, la selección de personas juzgadoras operó bajo esquemas predominantemente corporativos y endogámicos. Se consolidó la idea de que solo ciertos círculos podían decidir quién impartía justicia, mientras la ciudadanía permanecía distante de procesos que, sin embargo, impactaban directamente su libertad, patrimonio y derechos fundamentales. Aquel modelo produjo perfiles valiosos, nadie podría negarlo, pero también permitió espacios de opacidad, privilegio y simulación que hoy deben revisarse con honestidad.

Por ello, la incorporación de un método mixto de selección, que combine mérito, evaluación técnica y legitimidad democrática, representa un cambio de paradigma. No significa sustituir preparación profesional por popularidad ni desmantelar la carrera judicial, como afirman algunas voces; significa reconocer que la independencia judicial no puede confundirse con aislamiento social ni con mecanismos inaccesibles al escrutinio público.

No resulta extraño que esta transformación incomode a quienes edificaron prestigios, influencias o incluso beneficios profesionales y económicos alrededor del viejo diseño institucional. Toda reforma redistribuye espacios y modifica inercias. Sin embargo, la defensa irrestricta del pasado no puede presentarse como neutralidad jurídica cuando, en ocasiones, responde más a la preservación de intereses que a una auténtica preocupación por la justicia.

Como Activistas jurídico en Decide Guanajuato, soy un convencido de este proceso transformador. Mi participación ininterrumpida en la democratización del Poder Judicial comenzó desde la iniciativa impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, concebida como parte del Proyecto de Nación que dio origen a una nueva conversación pública sobre justicia y democracia. Acompañé con convicción el debate social y legislativo, observé de cerca el proceso que permitió la construcción de nuevas reglas y participé también en la Primera Elección de Personas Juzgadoras, convencido de que México vivía un momento histórico.

Esa convicción se fortaleció durante la Sesión Solemne de Toma de Protesta de las nuevas personas juzgadoras. Ahí quedó claro que:

el nuevo Poder Judicial no se encuentra vacío de capacidad o experiencia, como algunos insisten en afirmar. Por el contrario, hoy contamos con grandes juristas, no solamente por la solidez de sus conocimientos técnicos, sino por el profundo humanismo que orienta su visión de la justicia. Ese humanismo representa una garantía para la consolidación del nuevo Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta los Tribunales Colegiados, Unitarios y Juzgados con residencia en Guanajuato y en todo el país.

La consolidación de un Poder Judicial abierto y democrático exige crítica seria, vigilancia ciudadana y mejora permanente. Nadie sostiene que el proceso sea perfecto o concluido. Pero también exige honestidad intelectual para reconocer que el Derecho no puede permanecer inmóvil frente a las exigencias de una sociedad que reclama mayor transparencia, cercanía y legitimidad.

Y esa transformación no se detendrá en el ámbito federal. En el 2028, llegara al Poder Judicial del Estado de Guanajuato históricamente identificado por amplios sectores sociales como un espacio dirigido desde dinámicas de élite y visiones profundamente conservadoras del ejercicio jurisdiccional. No se trata de confrontar personas ni de descalificar trayectorias, sino de reconocer que ninguna institución democrática puede permanecer ajena al reclamo ciudadano de mayor apertura, transparencia y legitimidad. Guanajuato no será excepción al proceso histórico de democratización judicial.